El programa de intervención social A Flote, que la Concejalía de Justicia Social y Cuidados puso en marcha a través de un convenio de colaboración con la Fundación Emalcsa, ha concedido durante el pasado año 197 ayudas de emergencia social por un importe de 104.762,90 euros. “El objetivo del programa es evitar situaciones de desprotección, por lo que se pensó como un recurso para prestar ayuda urgente y puntual a personas en situaciones en las que no pueden optar a otro medio de intervención desde el sistema público de servicios sociales”, indica la concejala Silvia Cameán. La prioridad de la iniciativa es, como apunta, “hacer efectivo el derecho a una vivienda digna”, por lo que el destino de las 197 ayudas tramitadas fue abonar deudas de mensualidad de alquiler de cuartos o viviendas y finanzas. De ellas, un total de 78 paliaron situaciones con notificación de desahucio judicial gracias al pago de las deudas adquiridas derivadas de los arrendamientos, de manera que sirvieron para “prevenir situaciones de gran riesgo como son la pérdida de la vivienda habitual o la prevención de situaciones de la calle”. Las ayudas aprobadas tuvieron 179 personas beneficiarias directas, ya que hay algunas que recibieron mas de una prestación, y un total de 363 indirectas, de las que 131 son menos y 53 son convivientes.
Un total de 166 de las ayudas concedidas fueron destinadas a la liquidación de las deudas de mensualidades de alquiler de vivienda (104) o cuartos (2), que incluyeron también en 39 de los casos el abono de las finanzas. A titular de la Justicia Social reafirmó, a la vista de los primeros resultados de evaluación del pasado año, “la necesidad de este programa que evita situaciones de desprotección debidas a requisitos formales o de problemas de procedimiento de manera ágil”. En este sentido, apunta que en 75 de los casos en los que se concedió la ayuda no existía un contrato de alquiler, requisito indispensable para acceder a prestaciones como, por ejemplo, la Risga. Las restantes ayudas gestionadas fueron dedicadas a conceptos como equipamientos y otros gastos asociados a la vivienda como suministros o pago de tasas o comunidad.
El importe medio de las ayudas fue de 531,80 euros, pero una evaluación más minuciosa indica que las prestaciones más frecuentes oscilaron entre las inferiores a 300 euros (un total de 60) y las que pagaron entre 300 y 600 euros (61), la mayor parte de ellas destinadas a la liquidación de alquileres de cuartos o a sus finanzas. Además, se otorgaron 40 ayudas de entre 600 e 900 euros e 36 superiores a 900 euros, que solventaron abonos de alquiler de viviendas con preferencia para aquellos con riesgo de desahucio. Cumpliendo la función de urgencia con la que se firmó este convenio de A Flote, los abonos se realizaron durante 2017 en una media de 3 días “gracias a la flexibilidad del programa y a una efectiva coordinación con los equipos profesionales de los servicios sociales del Concello”. Un total de 73 ayudas se pagaron en menos de 24 horas, 82 de ellas en menos de dos días y 11 en menos de 72 horas. Las 31 restantes que superaron los días de gestión del pago se debieron a la falta de documentación necesaria para hacer el trámite y, una vez completa, se resolvieron antes de 15 días.
El programa prevé dos modalidades de pago, delegado a la persona proveedora del servicio o a la persona beneficiaria, que pueden abonarse por transferencia o cheque nominativo. La opción preferente que se emplea en A Flote es la de pago delegado por ingreso bancario – en 175 de las ayudas frente a 1 con cheque- ya que es más directa y tiene una mayor trazabilidad. No obstante, en aquellas situaciones donde no era posible el pago al proveedor se optó por el abono a la persona beneficiaria -21 casos, de los que siete fueron con transferencias y 14 con cheque-. Todos los pagos que se realizaron con talón contaron con el acompañamiento social y una valoración técnica previa de los servicios municipales.
La concejala destaca que este programa sirve también para impulsar el carácter social de la Fundación Emalcsa, que se encarga de prestar información y hacer acompañamiento y asesoramiento a las personas solicitantes, además de la gestión administrativa y del seguimiento y gestión de las acciones de inserción social que establece el programa, mediante un trabajo coordinado y en red con los servicios sociales municipales, que intervienen en los procesos. “De esta manera, se favorece la coordinación de los casos y se puede paliar situaciones d especial vulnerabilidad y urgencia por el riesgo de pérdida de vivienda y otros factores asociados, como la protección de menores de edad o de personas dependientes en riesgo de exclusión”, remarca la concejala, quien indica que A Flote sirve además como programa piloto que permite evaluar las posibilidades de mejora del sistema de cara a poner en marcha nuevas modalidades o potenciar las ya existentes. Los casos que los servicios sociales municipales derivaron cara al programa A Flote se debieron, en su mayoría, a la agilidad de pagamiento que permite abonar de urgencia las deudas. Dos restantes, en un 20% de ocasiones la derivación fue motivada por la existencia de deudas tributarias por parte de la persona beneficiada, en un 24% motivado por la falta de un contrato de alquiler, el 11% por falta de documentación y en un 3% por superar el límite económico marca por la Ordenanza Municipal de Emergencia Social debido a causas justificadas detalladas por los técnicos municipales en cada informe.
